Para reducir de manera significativa el gasto público en sanidad, durante 2013 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha el proyecto de otorgar a empresas privadas la concesión del servicio público de la atención médica especializada en seis hospitales del Servicio Madrileño de Salud. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató los servicios de la firma para impugnar tanto la Ley que autorizó las concesiones como los contratos a licitar.
Ante la gran controversia suscitada en la opinión pública y el escaso conocimiento de un proyecto complejo por su trascendencia económica y, sobre todo, por su impacto en un servicio público esencial para las personas, se diseñó una estrategia basada en el trabajo de un equipo interdisciplinar compuesto por médicos y abogados, y en la elaboración y publicación de dos Informes que explicaron el contenido de las medidas proyectadas, la inexistencia real de reducciones del gasto público y la vulneración de principios esenciales de nuestro sistema constitucional, de sanidad pública y de contratación del sector público.
El documentado trabajo realizado en los Informes facilitó que AFEM fuera la primera Asociación en impugnar ante los Tribunales mediante diversos recursos la licitación de los contratos de concesión de los seis hospitales, por un plazo de diez años y un importe de 5.000 millones de euros, solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecución de los contratos.
Mediante Auto de 2 de septiembre de 2013, dictado en un proceso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Madrid (JUR 2013\287176) acordó la suspensión de los contratos; al igual que el posterior Auto de 11 de septiembre de 2013 dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (JUR 2013\299611). Al desestimar los recursos y confirmar el Tribunal Superior las suspensiones decretadas mediante Auto de 27 de enero de 2014 (RJCA 2014\219), el Consejo de Gobierno decidió abandonar el proyecto.
Las propuestas de otorgar la concesión de servicios de asistencia sanitaria especializada en hospitales públicos no han vuelto a contemplarse en programa político alguno y tan siquiera se plantean en los debates públicos sobre nuestro modelo de sanidad. Tanto los Informes como las decisiones de los Tribunales han sido analizados en Revistas Científicas y son objeto de estudio en Facultades de Derecho y de Medicina.